ABOGADO EN PONTEVEDRA Especialista en derecho penal, contencioso-administrativo y civil

Más de 15 años de experiencia

Número de colegiado: 2742

José Antonio González Pérez es Licenciado en Derecho, abogado en ejercicio desde el año 2003 perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra previa superación del Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado en la Escuela Superior de Profesiones Jurídicas Teucro Luris (años 2001 a 2003) del ICA Pontevedra.

Más de 15 años de experiencia en la práctica profesional del derecho con una formación jurídica especializada continuada.

Ejercicio profesional no sólo en el ámbito de Galicia, sino también con asuntos defendidos en tribunales de toda España.

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Mediador

  • Ico José Antonio González AbogadoInscrito en el Registro Oficial de Mediadores del Ministerio de Justicia.
  • Ico José Antonio González AbogadoMás de 15 años de especialización y experiencia profesional.
  • Ico José Antonio González AbogadoExperto en defensa y acusación en procesos penales.
  • Ico José Antonio González Abogado Sucesiones, familia, arrendamientos, reclamaciones y asuntos civiles.
  • Ico José Antonio González Abogado Administrativo y jurisdicción contenciosa.
  • Ico José Antonio González Abogado Seriedad, profesionalidad y formación jurídica continuada.

Amplia formación jurídica continuada

Creemos que una buena defensa jurídica exige tener los mejores conocimientos especializados en distintas materias del derecho porque una misma cuestión o asunto puede tener implicaciones o afectar a varias materias.

Esa formación especializada es fundamental para la actividad profesional del abogado, por lo que nos hemos ocupado de adquirir y mantener dicha formación con los mejores másters, cursos de postgrado… para mejorar nuestra condición de juristas.

El derecho evoluciona y nosotros debemos evolucionar con el y actualizarnos con un estudio constante del derecho:

  • Máster en práctica penal por el Centro de Formación de a Abogados de Madrid, año 2017.
  • Curso de Experto en Derecho Procesal Penal 2016/2017 por el Centro de Formación de Abogados de Madrid.
  • Curso de Experto en Derecho Penal Sustantivo 2015/2016 por el Centro de Formación de Abogados de Madrid.
  • Curso de Experto en Derecho Urbanístico y Ordenación del Territorio por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
  • Curso de Experto en Derecho de Familia y Sucesiones por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
  • Curso de Perfeccionamiento en Derecho Inmobiliario por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
  • Curso de Procedimiento Penal del Menor por el Consello da Avogacía Galega.
  • Curso de Reforma del Código Penal, LO 1/2015 por el Consello da Avogacía Galega.
  • Curso de Derecho de Extranjería por el Consello da Avogacía Galega.
  • Curso de Violencia sobre la Mujer por el Consello da Avogacía Galega.
  • Curso de Especialista en Valoración de Daños y Pérdidas causados a las personas en accidentes de Circulación impartido por el Consello da Avogacía Galega.
  • Curso sobre Sociedades Mercantiles impartido por el Consello da Avogacía Galega.
  • Asistencia a numerosos cursos jurídicos y jornadas formativas impartidos por diversas instituciones y organismos como EGAP, Consello da Avogacía Galega, Colegios de Abogados...
  • Curso de Derecho de Familia impartido por el Consello de la Avogacía Galega. Año 2018 (150 hrs).

Premios/Publicaciones

  • Galardonado con el Primer Premio del Premio Jurídico Amando Losada convocado por el Consello da Avogacía Galega a nivel autonómico en el año 2009.
  • Autor de diversos artículos jurídicos publicados en Webs jurídicas nacionales.

Docencia - Cursos impartidos - Ponencias

1).- Ponente en el IV CURSO DE ACTUALIDAD JURÍDICA DE RÉGIMEN LOCAL: “PRINCIPALES NOVEDADES EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, DERECHO URBANÍSTICO Y RESPONSABILIDADES PENALES”, celebrado los días 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 en PONTEVEDRA, organizado por el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Pontevedra en colaboración con la Escuela Gallega de Administración Pública.

Título de la Ponencia: la responsabilidad penal de los funcionarios públicos.

Últimas noticias

La responsabilidad por deudas en el régimen económico-matrimonial de separación de bienes: STS 51/2021, de 4 de febrero.

22/02/2021

 

LA RESPONSABILIDAD POR DEUDAS EN EL REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL DE SEPARACION DE BIENES: sentencia del TS nº 51/2021, de 4 de febrero.

Muchas veces se establece, o pacta, en capitulaciones matrimoniales, como régimen económico-matrimonial el de separación de bienes frente al denominado régimen de gananciales (salvo aquellos territorios forales en que la legislación lo prevé como régimen económico principal), con el objetivo de evitar que el patrimonio de uno de los cónyuges responda de las deudas contraídas por el otro, sobre todo cuando se trata de un empresario o profesional que, en el ejercicio de su profesión u oficio, pueda estar sometido con mayor riesgo a la eventualidad de contraer deudas, además de otras pretensiones como pudiera ser mantener una separación entre los patrimonios de ambos cónyuges de cara a un posible ruptura del matrimonio y evitar su “ganancialidad”. Ahora bien, ello no supone que todas las deudas y responsabilidades contraídas vigente el matrimonio queden al margen o excluidas de cualquier responsabilidad de ambos cónyuges respecto de las mismas. 

En este sentido procede hacer mención a  la reciente sentencia del Tribunal Supremo (Sala1ª, de lo Civil) nº 51/2021, de 4 de febrero, en la cual se expone cual es el régimen de la “responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes”, en particular en lo referido a las deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica

Así, señala el TS que la regla general en el régimen económico matrimonial de separación de bienes es que las obligaciones contraídas por cada cónyuge son de su exclusiva responsabilidad, como establece el art. 1440.I CC; sin embargo, y de manera excepcional, cuando el cónyuge actúe en el ejercicio de la potestad doméstica y contraiga obligaciones para atender las necesidades ordinarias de la familia, el otro cónyuge deberá responder de manera subsidiaria de su cumplimiento, en virtud de la remisión del art. 1440.II CC al art. 1319.II CC.

Esta regla permite que, a pesar de la separación patrimonial de los miembros del matrimonio, el tercero acreedor pueda exigir responsabilidad al cónyuge que no generó la deuda contraída, cuando ésta lo fue para satisfacer las necesidades ordinarias de la familia. La excepción a la citada regla de separación de responsabilidades se justifica por la comunidad de vida propia del matrimonio y beneficia a los acreedores al habilitar para su reclamación, al mismo tiempo que favorece el mayor crédito de los cónyuges para atender a las necesidades familiares. 

Por ello, a pesar de que el régimen del CC no limita los actos o contratos que generen obligaciones siempre que se dirijan al fin previsto en la norma, será preciso, para que el acreedor pueda exigir responsabilidad al cónyuge con el que no contrató ni generó la obligación, si no la prueba cumplida del concreto uso o destino del gasto, lo que escaparía tanto a sus posibilidades de conocimiento y prueba, sí al menos una apariencia razonable de que su destino y finalidad fue para el ámbito familiar y doméstico. En tal sentido, lo habitual es que el destino resulte o se desprenda de la propia naturaleza de los bienes o servicios prestados, si bien pero no cabe negar que, en caso de necesidad, uno de los cónyuges recurra a un préstamo para obtener fondos para atender a las necesidades familiares, en cuyo caso el acreedor que pretenda exigir responsabilidad al otro cónyuge que no pidió el préstamo deberá acreditar que los fondos prestados se destinaron a tal fin o necesidad familiar, acreditación que deberá producirse en el proceso judicial; de no ser así, en virtud del principio de separación de responsabilidades propio del régimen económico matrimonial de separación de bienes, no debería responder el otro cónyuge con sus propios bienes.

Por último, cabe destacar que el acogimiento del matrimonio al régimen de separación de bienes deberá ser anterior al nacimiento de la deuda en concreto, pues en caso contrario puede apreciarse un fraude en perjuicio de los acreedores.

 

JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ

ABOGADO. 2742 ICAPONTEVEDRA

 

DOCTRINA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE GASTOS HIPOTECARIOS

29/01/2021

 

Pues parece que efectivamente, ¡¡y por fin¡¡¡, tenemos doctrina jurisprudencial definitiva respecto de los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores, es decir, sobre quien debe cargar con los gastos devengados en las hipotecas (anteriores a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario). 

De esta forma la Sentencia 35/2021, de 27 de enero de 2021, dictada por el Pleno de la Sala 1ª,  resuelve los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios señalando que los gastos de tasación para la concesión del préstamo, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor. 

            De este modo, con la citada se ofrece solución jurisprudencial a todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario; doctrina que supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de:

-todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad

- todos los gastos de gestoría y tasación

-la mitad de los gastos notariales

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), en el que las normas tributarias establecen que el sujeto pasivo es el prestatario, queda a cargo de los consumidores.

 

Todo ello sin perjuicio de ulteriores novedades derivadas de pronunciamientos del TJUE, claro…..

 

CAZAR EN PERIODO DE VEDA ES DELITO

23/11/2020

CAZAR EN PERIODO DE VEDA ES DELITO

 

Efectivamente, cazar durante un periodo de veda constituye un delito contra la fauna, y así lo ha declarado el Pleno de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en la Sentencia nº 570/2020 de 3 de noviembre. De este modo el denominado “furtivismo de temporada” constituye un delito y la conducta no se queda en una mera infracción administrativa, con todas las connotaciones, repercusiones y efectos legales que conlleva una condena por delito en un proceso penal frente a la imposición de una sanción por una infracción administrativa.

            Pues bien, analicemos las consideraciones que ofrece el TS respecto de este delito en una sentencia en que confirma una sentencia de la Audiencia Provincial que a su vez confirmaba la dictada por un Juzgado Penal por la que se condenaba a un cazador por matar un muflón y cuatro ciervos en período de veda en la temporada de caza. La sentencia le impuso una multa de 3360 euros y cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de la caza por dos delitos consumados contra la fauna.

Así el TS establece que la caza en períodos de veda constituye un delito contra la fauna del art. 335.1 CP, por tratarse de una conducta que pone en peligro el bien jurídico de la biodiversidad (no se trataba de especies protegidas sino la pena sería más grave, incluso de prisión, en aplicación del art. 334.1 CP), y explica que el art. 335 CP prevé que el que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior (es decir, especies protegidas), cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años. En cuanto a la caza, el tipo objetivo previsto en el art. 335.1 CP exige la concurrencia de dos elementos: a) una acción de caza que tenga por objeto especies no protegidas de fauna silvestre; b) esa acción ha de recaer sobre animales cuya caza estuviera expresamente prohibida por las normas específicas sobre su caza. Para integrar la tipicidad del art. 335 del CP se hace necesario recurrir a las disposiciones generales que definen el régimen jurídico de protección de cada una de las especies (fundamentalmente la normativa autonómica sobre caza), de modo que se trata de un precepto que obedece a la técnica de la norma penal en blanco, que exige el complemento normativo en función a leyes o preceptos reglamentarios que fijen su alcance. 

No obstante, lo cierto es que el Tribunal Supremo considera que, pese a la literalidad del art. 335 del CP, no todo incumplimiento de una prohibición administrativa de caza puede ser calificado como delito pues este artículo, y el tipo penal que contiene, no puede ser degradado a la condición de delito puramente formal de desobediencia a la normativa administrativa, eso lo prohíbe el principio de intervención mínima, o lo que es lo mismo, la necesidad de reservar la respuesta penal para aquellas conductas socialmente más desvaloradas. Pero sentado este criterio general, como refiere la STS, “no impide reconocer que en el abanico de prohibiciones coexisten, junto a incumplimientos formales, insuficientes por sí solos para colmar la antijuridicidad material, otras infracciones que van mucho más allá de una simple vulneración formal” y entre este tipo de infracciones “debemos incluir la caza de especies no protegidas en tiempo de veda”.

Y ello se entiende que es así porque la fijación de períodos de veda no responde a una distribución de los periodos de caza puramente convencional ni caprichosa sino que se funda en razones de orden biológico para facilitar la reproducción de la especie, esto es, se conecta íntimamente con la conservación de las especies y el aprovechamiento sostenible de la caza, preservando los ecosistemas de los que forman parte los animales objeto de estas actividades. El establecimiento de períodos prohibitivos de carácter cíclico tiene un valor estratégico de primer orden para la protección de la vida animal, de los recursos naturales renovables y, en suma, para el necesario equilibrio en la conservación de las especies, la biodiversidad y la propia supervivencia de la fauna como bienes jurídicos de extraordinario valor, a proteger incluso penalmente.

Por tanto es una conducta, recordemos matar un muflón y cuatro ciervos en época de veda, que encuentra una prohibición expresa, impuesta por las normas específicas sobre caza, en la cual concurre un plus de ofensividad, un mayor desvalor material del resultado, pues al poner en peligro el bien jurídico de la biodiversidad se hace merecedora de reproche penal, sin que tal conducta agote su desvalor, por tanto su castigo, en el ámbito de la sanción administrativa.

No obstante no podemos obviar  que, como señala el TS, existe la irrenunciable necesidad de que los Jueces y Tribunales en el momento de ponderar el juicio de tipicidad, asuman unos criterios hermenéuticos teleológicamente vinculados al respeto y a la conservación de la biodiversidad, impidiendo que infracciones formales con encaje en la microliteralidad del art. 335 CP conviertan en delito lo que puede ser adecuadamente tratado en el ámbito de la sanción administrativa, de modo que a nuestro juicio no toda caza, incluso la realizada en período de veda, deberá ser castigada penalmente cuando el mal causado en función de los hechos cometidos no revista la gravedad o entidad mínimamente necesaria para que deba entrar en juego el Derecho Penal. 

JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ

ABOGADO. COLEGIADO 2742 ICAPONTEVEDRA

 

LA PRESCRIPCION DE ACCIONES CIVILES EL 07 DE OCTUBRE DE 2020: STS 29/2020 de 20 de enero

31/01/2020

 

LA PRESCRIPCION DE ACCIONES CIVILES EL 07 DE OCTUBRE DE 2020: STS 29/2020 de 20 de enero.

 

La Ley 42/2015, de 5 de octubre, a medio de su Disposición Adicional Primera, reformó el art. 1964 CC, en el sentido de reducir de quince a cinco años el plazo de prescripción de las acciones personales civiles. Es decir, PASA DE 15 A 5 AÑOS el referido plazo de prescripción, reducción más que significativa.

 

Ahora bien, para las relaciones o negocios jurídicos nacidos antes, la Ley prevé un régimen transitorio en su Disposición transitoria quinta: “Régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes.

El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil".

A su vez, el art. 1939 CC dispone: "La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo".

 El art. 1939 CC establece una regla general, que la prescripción se rige por la ley vigente en la fecha en que se inicia el plazo prescriptivo, por lo que la ley nueva no se aplica a las prescripciones que estaban en curso a su entrada en vigor; y una excepción: la prescripción se entiende consumada si la ley nueva acorta el plazo de prescripción anteriormente previsto y dicho nuevo plazo transcurre por entero tras la puesta en vigor de la ley nueva.

En consecuencia, la regla según la cual la prescripción comenzada bajo la vigencia de las leyes anteriores se rige por estas últimas no tiene eficacia si se cumplen dos condiciones: que el plazo de prescripción de la ley nueva sea más breve; que el plazo de prescripción establecido en la ley nueva haya transcurrido por entero desde la fecha de la entrada en vigor de la nueva ley.

 

Por ello, no se trata de una aplicación automática de la prescripción más breve.

 

            En este sentido, la Sentencia del TS, Sala de lo Civil, núm. 29/2020 de 20 de enero (Ponente D. Pedro José Vela Torres) aclara como queda la situación:

1).- Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley.

2).- Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción original del art. 1964 CC.

3).- Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

4).- Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años, conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC.

 Lo anterior ha de tenerse en cuanta sobre la base de que no hubiera actos interruptivos de la prescripción (reclamaciones extrajudiciales, conciliación, etc ..), pues entonces la situación varía, dado que los plazos que corresponden comenzarían a  computarse de nuevo desde esa reclamación interruptiva.

 

En resumen, acreedores y deudores: ATENTOS AL 07 DE OCTUBRE DE 2020, los primeros para actuar y evitar la extinción de su derecho y los segundos, ¡¡a  esperar que, con suerte, pase el tiempo!!!.   

 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ

ABOGADO. Colegiado nº 2742 ICA Pontevedra.

 

DERECHO DE INDEMNIZACION POR PRISION PROVISIONAL

 

DERECHO DE INDEMNIZACION POR PRISION PROVISIONAL

 

La indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia derivada del tiempo de prisión preventiva padecido por quien posteriormente resulta absuelto en sentencia penal (o es dictado auto de sobreseimiento  libre) ha llegado para quedarse.

En este sentido la puerta para tales reclamaciones fue abierta por el Tribunal Constitucional a medio de la Sentencia TC (Pleno) 85/2019, de 19 de junio, Rec. 4314/2018, por la que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos “por inexistencia del hecho imputado “y “por esta misma causa” del artículo 294.1 LOPJ que regula los supuestos de indemnización por prisión preventiva.

Es así que el citado artículo 294 LOPJ dispone que:

“1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.

3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior”·, debiendo tener en cuenta que la previsión “inexistencia del hecho imputado “y “por esta misma causa” no pueden ser tenidas en cuenta por inconstitucionales.

 

            Y decimos que se abre la puerta a la indemnización en todo caso de existencia de prisión preventiva con sentencia absolutoria del sujeto (o auto de sobreseimiento libre que tiene los mismos efectos que la sentencia absolutoria) porque el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, así lo ha interpretado tras la doctrina del TC. De este modo el TS, en la reciente STS 1348/2019 de 10 de octubre (Ponente: Excmo. Sr. D. César Tolosa Tribiño) entiende que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado en todos los supuestos de absolución por cualquier causa, o de sobreseimiento libre, tras la declaración de inconstitucionalidad de los presupuestos que establecía el art. 294.1 LOPJ al considerar que ahora el contenido de dicho precepto  pasa a ser que “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

Y es que, como señala el Tribunal Supremo, aun cuando el TC advertía  de la falta de automatismo en la indemnización, lo cierto se ha venido a otorgar nueva redacción al art. 294.1 LOPJ de suerte que, a excepción de los supuestos en  que no se hayan irrogado perjuicios, algo prácticamente imposible de sostener en el caso de prisión injusta, en todos los demás supuestos el tiempo de privación de libertad debe ser indemnizado, por lo que en todos los supuestos de absolución por cualquier causa, o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a indemnización.

Parece claro, en tal sentido que la privación de libertad en relación a unos hechos delictivos cuando finalmente se absuelve al sujeto por tales delitos, debe determinar per se y de manera objetiva el derecho a ser indemnizado por funcionamiento anormal de la justicia con la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que la privación del bien libertad es un daño irrefutable que merece ser resarcido. 

Cuestión distinta es la determinación de la cuantía de la indemnización por prisión indebida, que deberá determinarse en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido (art. 294.2 LOPJ), debiendo la parte reclamante, o demandante, fundamentar y acreditar los daños y perjuicios que se dicen causados por la prisión provisional, con la obligación de aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar los daños efectivamente causados.

En este punto se abre la polémica relativa a si procede establecer legalmente un valor o cuantía económica por día de privación de libertad, como una especie de baremo por el tiempo de prisión provisional, para tratar de objetivar la indemnización, sin perjuicio de que la parte  pueda acreditar unos perjuicios mayores, pero bueno, eso es otro debate con multitud de variables y aspectos a considerar que deberá ser abordado por el legislador. 

 

JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ

ABOGADO. COLEGIADO Nº 2742 ICAPONTEVEDRA

 

 

QUIEN Y COMO RESPONDE DE LAS INDEMINZACIONES EN ACCIDENTE DE TRÁFICO SIN CULPA DETERMINADA.

03/07/2019

QUIEN Y COMO RESPONDE DE LAS INDEMINZACIONES EN ACCIDENTE DE TRAFICO SIN CULPA DETERMINADA.

 

Es evidente que la circulación de vehículos a motor resulta un elemento indispensable en nuestra sociedad actual, sea por motivos laborales o de ocio, nos desplazamos en nuestros vehículos. Y es igualmente sabido que tales Desplazamientos entrañan el riesgo de sufrir un accidente.  

            Pues bien, se trata en este comentario de exponer los criterios que, a efectos de indemnización, establece el Tribunal Supremo en caso de que en un accidente de tráfico no se pueda determinar el grado de culpa de cada implicado en el mismo.

            En este sentido hay que diferenciar entre daños materiales, que afectan a los bienes, y los daños personales, es decir, los sufridos por las personas con ocasión de la producción de un accidente de circulación. Y se hace esa diferenciación porque los criterios y fundamentos, por tanto las decisiones y sus consecuencias, difieren en uno u otro supuesto.

DAÑOS MATERIALES:

            Respecto de esta cuestión la reciente Sentencia nº 294/2019 del TS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 27-5-2019 (por tanto constituye jurisprudencia)  se encarga de sentar doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del art. 1 LRCSCVM en los casos de colisión recíproca sin determinación del grado de culpa de cada conductor.

Así, advierte la STS que cuando se trata de daños en los bienes, el régimen de la responsabilidad civil no se funda en el principio de solidaridad social, sino en el de la culpa o negligencia del conductor causante del daño (por remisión del párrafo tercero del art. 1.1. LRCSCVM a los arts. 1902 y ss CC y a los arts. 109 y ss CP). Si bien matiza que,  la remisión también a lo dispuesto en esta ley y el principio general del párrafo primero del art. 1.1. de que «el conductor de vehículos de motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación» justifican la inversión de la carga de la prueba.

Pone de manifiesto el TS que cuando ninguno de los conductores logre probar su falta de culpa o negligencia en la causación del daño al otro vehículo cabrían en principio tres posibles soluciones: (i) que cada conductor indemnice íntegramente los daños del otro vehículo; (ii) que las culpas se neutralicen y entonces ninguno deba indemnizar los daños del otro vehículo; y (iii) que cada uno asuma la indemnización de los daños del otro vehículo en un 50%.

Y resuelve el Alto Tribunal afirmando que “esta sala considera que la tercera solución es la más coherente con la efectividad de la cobertura de los daños en los bienes por el seguro obligatorio de vehículos de motor, pues cualquiera de las otras dos o bien podría privar por completo de indemnización, injustificadamente, al propietario del vehículo cuyo conductor no hubiera sido causante de la colisión pero no hubiese logrado probar su falta de culpa, o bien podría dar lugar a que se indemnice por completo al propietario del vehículo cuyo conductor hubiera sido el causante de la colisión pero sin que exista prueba al respecto.”.

            Por tanto, solución salomónica y cada conductor, por tanto su compañía aseguradora, deberá indemnizar el 50 % del valor de los daños del vehículo contrario.

 

 DAÑOS PERSONALES:

Sobre esta cuestión se pronuncia la STS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 10-9-2012 , señalando que “en trance de unificar la doctrina existente con efecto de fijación de jurisprudencia, dada la divergencia existente entre las distintas audiencias provinciales, nos inclinamos por entender que la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados y que, en caso de no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina llamada de las condenas cruzadas”.

Es decir, en caso de daños personales a consecuencia de una colisión recíproca entre vehículos sin prueba del grado de culpa de cada conductor se fija jurisprudencia en el sentido de que el resarcimiento proporcional es procedente sólo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados y, en caso de no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo.

Por tanto, los conductores, y sus compañías aseguradoras como responsables civiles directos, deberán hacer frente al total de las indemnizaciones por esas lesiones o daños personales causados.

De hecho esta misma doctrina se reiteró, también para la indemnización de daños personales, por las sentencias 40/2013, de 4 de febrero,627/2014, de 29 de octubre, y 312/2017, de 18 de mayo.

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE ALEGAR LOS MOTIVOS PARA LA EXTINCION DE LA PENSION DE ALIMENTOS DE HIJO MAYOR DE EDAD

16/04/2019

LA IMPORTANCIA DE ALEGAR LOS MOTIVOS PARA LA EXTINCION DE LA PENSION DE ALIMENTOS DE HIJO MAYOR DE EDAD

 

            Es una máxima fundamental en el proceso civil la necesidad de alegar todos los motivos en que la parte pretende sustentar su pretensión, es decir, aquello que pide o pretende que le sea reconocido en el procedimiento judicial de que se trate, evitando así que el juzgador no pueda pronunciarse sobre esa cuestión al no haber sido introducido por las partes, so pena de incurrir en vicio de incongruencia.

Ahora bien, ello encuentra su excepción en los denominados procesos especiales previstos en los arts. 748 y ss LEC, entre otros: procesos sobre capacidad de las personas, filiación, separación o divorcio y las modificaciones de medidas, guarda y custodio, procesos de alimentos de hijos menores, etc…. en los que gran parte de las materias o cuestiones que se tratan son “indisponibles” para las partes (art. 751 LEC) y permite al juzgador pronunciarse sobre estas cuestiones incluso solicitando prueba de oficio si fuera pertinente (art 752 LEC).     

            Y esta cuestión, sobre la importancia de alegar todos los motivos, se plasma en la SAP de Islas Baleares nº 400/2018, de 13 de diciembre en relación a la materia de extinción de pensión de alimentos de hijo mayor de edad. El asunto, resumidamente, consiste en que un padre presenta una demanda pidiendo la extinción de la obligación de alimentos a favor de su hija mayor de edad, alegando como motivo que ésta disponía de trabajo, por tanto de ingresos propios.

Pues bien, en primera instancia no quedó acreditado que la hija tuviese ocupación laboral, no obstante la sentencia estima la demanda y acuerda el cese de la pensión alimenticia con base en un motivo distinto, no alegado por el padre-demandante, y es la falta de aprovechamiento de sus estudios en aras de incorporarse a la vida laboral de manera efectiva, puesto en relación con la edad de la hija.

            Recurrida en apelación la sentencia, la AP de Baleares estima el recurso y revoca la sentencia con fundamento en que se incurre en incongruencia por apartamiento de la causa de pedir de la demanda, pues se acoge la pretensión de extinción  no en base al motivo alegado, tener trabajo, sino otro distinto, no aprovechar los estudios pese a la edad alcanzada.

Y ello tiene su razón de ser en que la pensión de alimentos de un hijo mayor de edad no es una medida de derecho necesario, sino que es disponible para las partes, por lo que el juzgador no tiene facultades de oficio, debiendo estar a lo solicitado por las partes y en función de la prueba introducida por éstas en el proceso, y de no ser así, como es el caso, se incurre en vicio de incongruencia, concluyendo la Audiencia que el juzgador no puede acordar la extinción de una pensión alimenticia, de hijo mayor de edad, por motivos distintos a los argumentados por quien solicitaba dicha extinción.

 

Por tanto, en conclusión, lo que se solicita en el proceso importa, pero aun más, si cabe, el modo en que se hace y las pruebas en que pretende sustentar aquello que se pide.

 

José Antonio González Pérez

Colegiado 2742 ICAPontevedra

 

MODIFICACION DE LOS DELITOS EN ACCIDENTES DE TRAFICO

04/03/2019

 

MODIFICACION DE CODIGO PENAL SOBRE DELITOS EN ACCIDENTES DE TRAFICO

 

Ha entrado en vigor la reforma del código penal operada por la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, sobre la cual procede hacer un muy breve comentario.

El propio título de la norma y la voluntad del legislador es clara, modificar el Código Penal (CP)  en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y en cuanto a la sanción por el abandono del lugar del accidente.

Antes de analizar los artículos del CP modificados o introducidos, hay que aludir al Preámbulo de la LO 2/2019, pues es fundamental para comprender los motivos de la reforma e interpretar, en su caso, los preceptos y, por tanto, los delitos tipificados.

Así, se dice que la LO 2/2019  responde a una importante demanda social, ante el incremento de accidentes en que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor,  que se asienta sobre tres ejes según expone la L.O 2/19:

“1.° La introducción de tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de la ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave.

2.° El aumento de la punición de este tipo de conductas.

3.° La introducción del delito de abandono del lugar del accidente.”

Por lo que se refiere al primero, señala que la modificación supone dar carta legal a la actividad que Ministerio Fiscal y la jurisprudencia venían acordando, como resulta patente en la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre seguridad vial y la consideración de conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Con ello pretende garantizar mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduce bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. De esta forma se reconoce expresamente que determinadas circunstancias son indicativas de una especial negligencia del conductor y han de tener consideración en las consecuencias penales como imprudencia grave.

El aumento de la punición de este tipo de conductas se propone a través de dos vías. De un lado, la introducción del nuevo artículo 142 bis CP que permitirá al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves, causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor.

Lo mismo sucede con la introducción del artículo 152 bis CP al permitir incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152.1.2.º o 3.º, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado.

Por otro lado, el aumento de la punición también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382 CP, complementaria de la prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381 CP.

En tercer lugar, y esto también es muy importante, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma, dentro del capítulo IV del CP, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente, dolosa, e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Se quiere sancionar la “maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico”. Se busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 CP para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto del aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro.

            Por tanto el CP queda modificado en los siguientes términos:

1).- El artículo 142 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 142.

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años.

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.”

            De este modo en el artículo 142 del CP se pasa a considerar como conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, en los términos y requisitos previstos en el artículo 379 CP (exceso de velocidad o influencia de drogas tóxicas o alcohol).

De acuerdo al Preámbulo se garantiza mayor sanción para conductas particularmente graves con resultado de muerte, en concreto sio el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduce bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, o bien con exceso de velocidad. Esas circunstancias serán indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración en las consecuencias penales como imprudencia grave.

2).- Se introduce un nuevo artículo 142 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 142 bis.

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado”.

            Con este novedoso artículo 142 bis CP se permite al Juez o Tribunal penal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves, causados por la imprudencia en la conducción.

3.-  El artículo 152 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 152.

1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

1.° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

2.° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

3.° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el Juez o el Tribunal.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año.

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.”

Esto es, se modifica el artículo 152 del CP, con la introducción de un nuevo párrafo al apartado 1, 1º:

“Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho”.

Y asimismo se modifica el apartado 2 e introduce un nuevo párrafo:

“2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el Juez o el Tribunal.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año.

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.”

4.- Se introduce un nuevo artículo 152 bis CP:

“Artículo 152 bis.

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado.»

Con este precepto se permite incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152.1.2.º o 3.º, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado (agravamiento similar a como hace el art. 142 bis CP).

5.-. El artículo 382 CP es del siguiente tenor::

“Artículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.”

El aumento de la punición de los delitos también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382 CP, complementaria de la prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo, cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381 CP.

6.- Nuevo artículo 382 bis CP:

“Artículo 382 bis.

1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.

2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.”

Este artículo 382 bis CP introduce el denominado delito de abandono del lugar del accidente, como conducta diferente, y dolosa, independiente de la conducta previa imprudente o incluso de una conducta fortuita.

 

            En fin, una agravación penológica muy relevante en determinadas circunstancias así como la introducción de nuevos tipos penales para sancionar las conductas previstas. 

 

JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ

2742 ICAPONTEVEDRA