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CAZAR EN PERIODO DE VEDA ES DELITO

23/11/2020 · DERECHO PENAL

CAZAR EN PERIODO DE VEDA ES DELITO

 

Efectivamente, cazar durante un periodo de veda constituye un delito contra la fauna, y así lo ha declarado el Pleno de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en la Sentencia nº 570/2020 de 3 de noviembre. De este modo el denominado “furtivismo de temporada” constituye un delito y la conducta no se queda en una mera infracción administrativa, con todas las connotaciones, repercusiones y efectos legales que conlleva una condena por delito en un proceso penal frente a la imposición de una sanción por una infracción administrativa.

            Pues bien, analicemos las consideraciones que ofrece el TS respecto de este delito en una sentencia en que confirma una sentencia de la Audiencia Provincial que a su vez confirmaba la dictada por un Juzgado Penal por la que se condenaba a un cazador por matar un muflón y cuatro ciervos en período de veda en la temporada de caza. La sentencia le impuso una multa de 3360 euros y cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de la caza por dos delitos consumados contra la fauna.

Así el TS establece que la caza en períodos de veda constituye un delito contra la fauna del art. 335.1 CP, por tratarse de una conducta que pone en peligro el bien jurídico de la biodiversidad (no se trataba de especies protegidas sino la pena sería más grave, incluso de prisión, en aplicación del art. 334.1 CP), y explica que el art. 335 CP prevé que el que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior (es decir, especies protegidas), cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años. En cuanto a la caza, el tipo objetivo previsto en el art. 335.1 CP exige la concurrencia de dos elementos: a) una acción de caza que tenga por objeto especies no protegidas de fauna silvestre; b) esa acción ha de recaer sobre animales cuya caza estuviera expresamente prohibida por las normas específicas sobre su caza. Para integrar la tipicidad del art. 335 del CP se hace necesario recurrir a las disposiciones generales que definen el régimen jurídico de protección de cada una de las especies (fundamentalmente la normativa autonómica sobre caza), de modo que se trata de un precepto que obedece a la técnica de la norma penal en blanco, que exige el complemento normativo en función a leyes o preceptos reglamentarios que fijen su alcance. 

No obstante, lo cierto es que el Tribunal Supremo considera que, pese a la literalidad del art. 335 del CP, no todo incumplimiento de una prohibición administrativa de caza puede ser calificado como delito pues este artículo, y el tipo penal que contiene, no puede ser degradado a la condición de delito puramente formal de desobediencia a la normativa administrativa, eso lo prohíbe el principio de intervención mínima, o lo que es lo mismo, la necesidad de reservar la respuesta penal para aquellas conductas socialmente más desvaloradas. Pero sentado este criterio general, como refiere la STS, “no impide reconocer que en el abanico de prohibiciones coexisten, junto a incumplimientos formales, insuficientes por sí solos para colmar la antijuridicidad material, otras infracciones que van mucho más allá de una simple vulneración formal” y entre este tipo de infracciones “debemos incluir la caza de especies no protegidas en tiempo de veda”.

Y ello se entiende que es así porque la fijación de períodos de veda no responde a una distribución de los periodos de caza puramente convencional ni caprichosa sino que se funda en razones de orden biológico para facilitar la reproducción de la especie, esto es, se conecta íntimamente con la conservación de las especies y el aprovechamiento sostenible de la caza, preservando los ecosistemas de los que forman parte los animales objeto de estas actividades. El establecimiento de períodos prohibitivos de carácter cíclico tiene un valor estratégico de primer orden para la protección de la vida animal, de los recursos naturales renovables y, en suma, para el necesario equilibrio en la conservación de las especies, la biodiversidad y la propia supervivencia de la fauna como bienes jurídicos de extraordinario valor, a proteger incluso penalmente.

Por tanto es una conducta, recordemos matar un muflón y cuatro ciervos en época de veda, que encuentra una prohibición expresa, impuesta por las normas específicas sobre caza, en la cual concurre un plus de ofensividad, un mayor desvalor material del resultado, pues al poner en peligro el bien jurídico de la biodiversidad se hace merecedora de reproche penal, sin que tal conducta agote su desvalor, por tanto su castigo, en el ámbito de la sanción administrativa.

No obstante no podemos obviar  que, como señala el TS, existe la irrenunciable necesidad de que los Jueces y Tribunales en el momento de ponderar el juicio de tipicidad, asuman unos criterios hermenéuticos teleológicamente vinculados al respeto y a la conservación de la biodiversidad, impidiendo que infracciones formales con encaje en la microliteralidad del art. 335 CP conviertan en delito lo que puede ser adecuadamente tratado en el ámbito de la sanción administrativa, de modo que a nuestro juicio no toda caza, incluso la realizada en período de veda, deberá ser castigada penalmente cuando el mal causado en función de los hechos cometidos no revista la gravedad o entidad mínimamente necesaria para que deba entrar en juego el Derecho Penal. 

JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ

ABOGADO. COLEGIADO 2742 ICAPONTEVEDRA

 

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