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DERECHO DE INDEMNIZACION POR PRISION PROVISIONAL

12/11/2019· DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 

DERECHO DE INDEMNIZACION POR PRISION PROVISIONAL

 

La indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia derivada del tiempo de prisión preventiva padecido por quien posteriormente resulta absuelto en sentencia penal (o es dictado auto de sobreseimiento  libre) ha llegado para quedarse.

En este sentido la puerta para tales reclamaciones fue abierta por el Tribunal Constitucional a medio de la Sentencia TC (Pleno) 85/2019, de 19 de junio, Rec. 4314/2018, por la que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos “por inexistencia del hecho imputado “y “por esta misma causa” del artículo 294.1 LOPJ que regula los supuestos de indemnización por prisión preventiva.

Es así que el citado artículo 294 LOPJ dispone que:

“1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.

3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior”·, debiendo tener en cuenta que la previsión “inexistencia del hecho imputado “y “por esta misma causa” no pueden ser tenidas en cuenta por inconstitucionales.

 

            Y decimos que se abre la puerta a la indemnización en todo caso de existencia de prisión preventiva con sentencia absolutoria del sujeto (o auto de sobreseimiento libre que tiene los mismos efectos que la sentencia absolutoria) porque el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, así lo ha interpretado tras la doctrina del TC. De este modo el TS, en la reciente STS 1348/2019 de 10 de octubre (Ponente: Excmo. Sr. D. César Tolosa Tribiño) entiende que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado en todos los supuestos de absolución por cualquier causa, o de sobreseimiento libre, tras la declaración de inconstitucionalidad de los presupuestos que establecía el art. 294.1 LOPJ al considerar que ahora el contenido de dicho precepto  pasa a ser que “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

Y es que, como señala el Tribunal Supremo, aun cuando el TC advertía  de la falta de automatismo en la indemnización, lo cierto se ha venido a otorgar nueva redacción al art. 294.1 LOPJ de suerte que, a excepción de los supuestos en  que no se hayan irrogado perjuicios, algo prácticamente imposible de sostener en el caso de prisión injusta, en todos los demás supuestos el tiempo de privación de libertad debe ser indemnizado, por lo que en todos los supuestos de absolución por cualquier causa, o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a indemnización.

Parece claro, en tal sentido que la privación de libertad en relación a unos hechos delictivos cuando finalmente se absuelve al sujeto por tales delitos, debe determinar per se y de manera objetiva el derecho a ser indemnizado por funcionamiento anormal de la justicia con la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que la privación del bien libertad es un daño irrefutable que merece ser resarcido. 

Cuestión distinta es la determinación de la cuantía de la indemnización por prisión indebida, que deberá determinarse en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido (art. 294.2 LOPJ), debiendo la parte reclamante, o demandante, fundamentar y acreditar los daños y perjuicios que se dicen causados por la prisión provisional, con la obligación de aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar los daños efectivamente causados.

En este punto se abre la polémica relativa a si procede establecer legalmente un valor o cuantía económica por día de privación de libertad, como una especie de baremo por el tiempo de prisión provisional, para tratar de objetivar la indemnización, sin perjuicio de que la parte  pueda acreditar unos perjuicios mayores, pero bueno, eso es otro debate con multitud de variables y aspectos a considerar que deberá ser abordado por el legislador. 

 

JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ

ABOGADO. COLEGIADO Nº 2742 ICAPONTEVEDRA