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DILACIONES INDEBIDAS y Art. 324 LECRIM: STS 368/2018 de 18 de julio.

14/11/2018· DERECHO PENAL

DILACIONES INDEBIDAS y Art. 324 LECRIM: STS 368/2018 de 18 de julio.

 

Es notorio que respecto de los operadores jurídicos la modificación del art 324 de la Lecrim, operada a medio de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, generó un sinfín de comentarios, críticas y no pocas dudas interpretativas y de aplicación en relación a distintas cuestiones reguladas en dicho precepto. En este comentario se aludirá a lo relativo a las dilaciones indebidas (art 21.6 CP) en relación al transcurso de los plazos que fija el art 324 Lecrim para la instrucción penal y la interpretación jurisprudencial al respecto.     

            Debe recordarse que el artículo 324.1 Lecrim establece que “Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”, ello sin perjuicio de que antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, pueda declarar compleja la instrucción cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo o concurran de forma sobrevenida algunas circunstancias previstas, como permite el párrafo segundo del apartado 1.

            En caso de que la instrucción sea declarada compleja (ex art 324.2), el plazo de duración será de dieciocho meses, que el instructor podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, solicitud de prórroga que deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo. La investigación se considerará compleja cuando: a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, b) tenga por objeto numerosos hechos punibles, c) involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, d) exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, e) implique la realización de actuaciones en el extranjero, f) precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o g) se trate de un delito de terrorismo.

Asimismo disciplina el art 324. 3 y 4 Lecrim los supuestos de interrupción de los plazos, la posibilidad de señalar nuevo plazo extraordinario, disponiendo el Apartado 7 que las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos y el Apartado 8 que en ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641,  referidos al sobreseimiento.

Traer a colación el contenido del Preámbulo de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, por la que se introduce el renovado art 324 a la norma procesal penal, y que sobre la cuestión señala que “para la finalización de la instrucción, se sustituye el exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales”, señalando que “exista un límite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas hayan de concluir y haya de adoptarse la decisión que proceda, bien la continuación del procedimiento ya en fase intermedia, bien el sobreseimiento de las actuaciones”.

            Ante esa regulación se plantea la consecuencia que conlleva el exceso de los plazos de instrucción en relación a la posible apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas prevista en el art 21.6ª CP, e incluso si el haberse excedido en el citado plazo de investigación supone la entrada en juego de manera automática de esa circunstancia atenuatoria de la pena.

Sobre esta cuestión, nos encontramos con la STS 244/2016, 30 de Marzo de 2016, Ponente SANCHEZ MELGAR, que en su F.J Quinto señala que “Este requisito se observa en el caso de autos, puesto que se comprueban dilaciones excesivas y desproporcionadas. Nada puede justificar una tardanza de seis años en la celebración de un juicio referido a la falta de ingreso del importe de unos billetes aéreos vendidos en la agencia de viajes del acusado.

De otro lado, esta tardanza se ha de poner hoy en relación con el nuevo art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que establece plazos máximos en la instrucción de seis meses en supuestos ordinarios y de dieciocho meses en casos de especial complejidad. Esta pauta del legislador nos ofrece una interpretación de lo que puede considerarse una dilación extraordinaria del procedimiento; que sea indebida, es algo que debe justificarse mediante el análisis del objeto de tramitación procesal. Esta nueva perspectiva puede aplicarse a supuestos pasados, en tanto que es favorable para el reo”.

 Es decir, la referida STS 244/2016 aludía al art 324 Lecrim y sus plazos como pauta de interpretación ofrecida por el legislador, lo que quizá pudiera interpretarse como criterio para sostener que el transcurso del plazo fijado, bien ordinario bien en supuestos de complejidad, habría de tener su traducción en la apreciación de la mentada atenuante.     

No obstante, la reciente STS 368/2018 de 18 de julio, Ponente Del Moral García, en su F.J Quinto establece que “Al amparo del artículo 849.1 LECrim un último motivo denuncia infracción de ley, al haberse inaplicado indebidamente el artículo 21.6 CP; así como infracción del derecho  Constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas ( artículo 24.2 CE ).

El recurrente razona sobre el plazo límite de 6 meses de la instrucción, arguyendo que se acordaron diligencias de investigación cuando ya habían transcurrido esos seis meses indicados en el artículo 324 LECrim que entró en vigor mediada la instrucción. Eso ni implica nulidad ni es equiparable a los retrasos extraordinarios que reclama la atenuante del art. 21.6 CP.

No se han producido paralizaciones relevantes o significativas. La irregularidad concretada en omitir una resolución para ampliar el plazo de instrucción no aboca a la atenuante del art. 21.6 CP. El plazo global de duración del proceso no sobrepasa de lo razonable. De ninguna manera puede hablarse de dilaciones indebidas en el sentido exigido por el art. 21.6 CP.”

 Permítasenos decir que se trata de un fundamento “corto pero intenso” pues en apenas dos párrafos se ventila dos cuestiones enjundiosas y de calado, si las diligencias de investigación practicadas transcurrido el plazo de investigación son válidas o no, ratificando que ello no implica su nulidad  y, en lo que ahora importa, si el transcurso del plazo de seis meses permite per se o de manera automática la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, interpretación que descarta la sentencia del Alto Tribunal sustentando su razonamiento sobre la exigencia de retrasos extraordinarios o la razonabilidad de los plazos de investigación para poder hablarse de “dilaciones indebidas en el sentido exigido por el art. 21.6 CP”. 

En suma, de acuerdo a la doctrina emanada de la STS 368/2018 de 18 de julio, la circunstancia de que se hayan sobrepasado los plazos de investigación o instrucción penal no determina necesariamente la aplicación del art 21.6ª CP y la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, sino que habrá de estarse a lo extraordinario e irrazonable de la demora en la tramitación de la causa para ello.