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La responsabilidad por deudas en el régimen económico-matrimonial de separación de bienes: STS 51/2021, de 4 de febrero.

22/02/2021 · DERECHO CIVIL

 

LA RESPONSABILIDAD POR DEUDAS EN EL REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL DE SEPARACION DE BIENES: sentencia del TS nº 51/2021, de 4 de febrero.

Muchas veces se establece, o pacta, en capitulaciones matrimoniales, como régimen económico-matrimonial el de separación de bienes frente al denominado régimen de gananciales (salvo aquellos territorios forales en que la legislación lo prevé como régimen económico principal), con el objetivo de evitar que el patrimonio de uno de los cónyuges responda de las deudas contraídas por el otro, sobre todo cuando se trata de un empresario o profesional que, en el ejercicio de su profesión u oficio, pueda estar sometido con mayor riesgo a la eventualidad de contraer deudas, además de otras pretensiones como pudiera ser mantener una separación entre los patrimonios de ambos cónyuges de cara a un posible ruptura del matrimonio y evitar su “ganancialidad”. Ahora bien, ello no supone que todas las deudas y responsabilidades contraídas vigente el matrimonio queden al margen o excluidas de cualquier responsabilidad de ambos cónyuges respecto de las mismas. 

En este sentido procede hacer mención a  la reciente sentencia del Tribunal Supremo (Sala1ª, de lo Civil) nº 51/2021, de 4 de febrero, en la cual se expone cual es el régimen de la “responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes”, en particular en lo referido a las deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica

Así, señala el TS que la regla general en el régimen económico matrimonial de separación de bienes es que las obligaciones contraídas por cada cónyuge son de su exclusiva responsabilidad, como establece el art. 1440.I CC; sin embargo, y de manera excepcional, cuando el cónyuge actúe en el ejercicio de la potestad doméstica y contraiga obligaciones para atender las necesidades ordinarias de la familia, el otro cónyuge deberá responder de manera subsidiaria de su cumplimiento, en virtud de la remisión del art. 1440.II CC al art. 1319.II CC.

Esta regla permite que, a pesar de la separación patrimonial de los miembros del matrimonio, el tercero acreedor pueda exigir responsabilidad al cónyuge que no generó la deuda contraída, cuando ésta lo fue para satisfacer las necesidades ordinarias de la familia. La excepción a la citada regla de separación de responsabilidades se justifica por la comunidad de vida propia del matrimonio y beneficia a los acreedores al habilitar para su reclamación, al mismo tiempo que favorece el mayor crédito de los cónyuges para atender a las necesidades familiares. 

Por ello, a pesar de que el régimen del CC no limita los actos o contratos que generen obligaciones siempre que se dirijan al fin previsto en la norma, será preciso, para que el acreedor pueda exigir responsabilidad al cónyuge con el que no contrató ni generó la obligación, si no la prueba cumplida del concreto uso o destino del gasto, lo que escaparía tanto a sus posibilidades de conocimiento y prueba, sí al menos una apariencia razonable de que su destino y finalidad fue para el ámbito familiar y doméstico. En tal sentido, lo habitual es que el destino resulte o se desprenda de la propia naturaleza de los bienes o servicios prestados, si bien pero no cabe negar que, en caso de necesidad, uno de los cónyuges recurra a un préstamo para obtener fondos para atender a las necesidades familiares, en cuyo caso el acreedor que pretenda exigir responsabilidad al otro cónyuge que no pidió el préstamo deberá acreditar que los fondos prestados se destinaron a tal fin o necesidad familiar, acreditación que deberá producirse en el proceso judicial; de no ser así, en virtud del principio de separación de responsabilidades propio del régimen económico matrimonial de separación de bienes, no debería responder el otro cónyuge con sus propios bienes.

Por último, cabe destacar que el acogimiento del matrimonio al régimen de separación de bienes deberá ser anterior al nacimiento de la deuda en concreto, pues en caso contrario puede apreciarse un fraude en perjuicio de los acreedores.

 

JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ

ABOGADO. 2742 ICAPONTEVEDRA

 

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