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PROCEDIMIENTO DE EXEQUATUR PARA RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO: ¿ES PRECEPTIVO NOTIFICAR O EMPLAZAR A LA OTRA PARTE?

14/12/2018· DERECHO CIVIL

PROCEDIMIENTO DE EXEQUATUR PARA RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO: ¿ES PRECEPTIVO NOTIFICAR O EMPLAZAR A LA OTRA PARTE?

 

Vamos a abordar la cuestión planteada desde un supuesto de hecho, asunto o procedimiento, planteado judicialmente por este despacho y que ha sido resuelto, en sentido favorable hemos de decirlo, por el juzgado competente al acoger nuestras pretensiones en el modo que fueron planteadas.    

            Resumidamente, indicar que se trataba de obtener el reconocimiento de una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo dictada por un tribunal extranjero (en este caso Venezuela) de un matrimonio contraído en el citado país por ciudadanos españoles y que constaba inscrito en el Registro Civil español, en concreto en el Registro Civil Consular. En palabras llanas, se trataba de obtener el reconocimiento de esa sentencia y sus efectos en Derecho español, y lograr la inscripción registral del divorcio, tramitando para ello el correspondiente procedimiento judicial de Exequatur.

Entre otras, la cuestión que más problemas prácticos podía conllevar, como se dirá, es si resultaba preceptivo o no notificar el procedimiento, la demanda presentada a instancia de una de las partes en aquel procedimiento de divorcio, un ex cónyuge, a la otra parte o ex cónyuge, cuando el procedimiento de divorcio extranjero había sido tramitado de mutuo acuerdo, es decir, con intervención de ambas partes. La cuestión no es irrelevante pues se desconocía el concreto domicilio de dicho ex cónyuge, conociendo únicamente que reside en un país extranjero, de modo que si se considerase preceptiva su notificación o emplazamiento del procedimiento pudiera demorarse meses, o años, si hubiese que averiguar su domicilio o practicar notificaciones a medio de comisiones rogatorias o auxilios judiciales internacionales.

En esa tesitura, se formuló Demanda de solicitud de exequatur   solicitando, previo traslado al Ministerio Fiscal, el reconocimiento e inscripción de la sentencia extranjera de divorcio de común acuerdo.

Aunque no es momento de profundizar en el procedimiento de “exequatur” porque excede del objeto de este comentario, simplemente reseñar que el art. 85.5 LOPJ atribuye al Juzgado de Primera Instancia el conocimiento de las solicitudes de reconocimiento de sentencias extranjeras, salvo que por Tratado o norma internacional se disponga la competencia de otro tribunal, lo cual no acontecía entre España-Venezuela. También el art. 52.1 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJIMC) establece que la competencia para conocer de las solicitudes de exequátur corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o bien de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera.

            En este caso se presenta ante el Juzgados de Primera Instancia de Pontevedra por ser el domicilio del demandante, a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera a reconocer, tal como refrenda el Tribunal Supremo, por todos, el Auto TS de 15/02/2017 que establece: “la doctrina de esta Sala viene manteniendo que la sentencia de divorcio produce efectos para ambos ex cónyuges, por lo que es posible la presentación de la demanda de exequatur en el lugar donde el solicitante tenga su domicilio o residencia en España al tiempo de interposición de la demanda.”

            En cuanto a la legitimación activa la ostentaba el demandante como ex cónyuge parte del procedimiento de divorcio en la que fue dictada sentencia cuyo reconocimiento se solicita (art. 54.1 LCJIMC), siendo preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, según dispone el art. 54.8 LCJIMC. Respecto del procedimiento es de aplicación el régimen general previsto en el Título V LCJIMC, que regula el exequátur, en particular lo dispuesto en el art. 54 LCJIMC.

Como queda expuesto, el quid de la cuestión estriba en la legitimación pasiva y si había que notificar a la ex cónyuge, aspecto que ha sido objeto de arduas discusiones doctrinales, con posturas contrapuestas, así como criterios judiciales dispares.    

Pues bien, lo cierto es que el tenor del artículo 54.3 de la LCJI 29/2015 establece que: “La demanda se habrá de dirigir contra aquella parte o partes frente a las que se quiera hacer valer la resolución judicial extranjera.”, de lo que pudiera inferirse que resultaría preciso el traslado o emplazamiento a la parte demandada.

No obstante ello, esta parte entendía y así se sostenía en la Demanda, que estando ante un supuesto de divorcio de mutuo acuerdo no sería necesario emplazamiento del otro ex-cónyuge, sin quiebra de derecho alguno ni vulneración procesal. Y ello por una razón esencial, pues ya bajo la vigencia de la anterior regulación (art 956 de la LEC de 1881) el Tribunal Supremo había venido considerando que en el procedimiento de reconocimiento de sentencias extranjeras dictadas en procedimientos tramitados de mutuo acuerdo se podía prescindir del trámite de audiencia a la parte no personada, bastando en tales supuestos con el previo traslado al Fiscal para poder dictar la resolución correspondiente concediendo el exequátur, con fundamento en que si constaba su intervención en el procedimiento de mutuo acuerdo, se presumía que la otra parte está conforme con la petición de “exequátur” pues tendría pleno conocimiento de la sentencia extranjera dictada al haber sido parte,  quedando de esta forma perfectamente cubiertas todas las garantías derivadas e inherentes al derecho de defensa, máxime cuando únicamente se estaba solicitado el reconocimiento de la sentencia para su inscripción registral, no la ejecución de medida alguna.  

En apoyo de nuestra tesis se señalaba el Auto de la Sala 1ª del TS de 23/09/2003 que señala (F.D 4º) que “En cuanto al requisito 2º del mismo artículo 954, se tiene por probado que el solicitante de exequátur fue demandado en el juicio de origen, por lo que, según reiterado criterio de esta Sala, se han de tener por satisfechas todas las garantías que imponen el derecho de defensa y la proscripción de la indefensión (por todos, AATS de 24-3-98, 31-3-98, 7-4-98, 26-1-99, 13-4-99, 28-3-2000, 4-7-2000, 14-11-2000, 30-1-2001, 20-2-2001, 13-3-2001, 30-10-2001, 6-11-2001, 28- 12-2001, 22-01-2002, 16-7-2002, 15-10-2002 y 26-11-2002 entre otros).”

            Pues bien, planteada la controversia en esos términos, fue dictado Auto de 4 de diciembre de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Pontevedra (Juzgado de Familia) que estima la demanda y otorga exequátur y reconocimiento a la sentencia extranjera de divorcio de mutuo acuerdo y respecto de la notificación a la otra parte dice expresamente que “Finalmente y en cuanto al trámite de audiencia a la parte demandada, de conformidad con la Jurisprudencia alegada en la demanda, entre otros ATS 23 de septiembre de 2003, no se requiere dicha audiencia cuando la resolución cuyo reconocimiento se pretende no fue contenciosa; siendo este el caso que nos ocupa”.

            Por tanto la resolución judicial dictada acoge nuestra tesis, con un criterio no sólo jurídico sino también de sentido común, y considera innecesaria la notificación, evitando inumerables trámites y problemas de tramitación y una solución rápida y “justa” a la cuestión.